Lunes 04 de Mayo, 2020

Un convenio que vulneraba los derechos de los niños y niñas



En columna de opinión en Cooperativa, el Padre Jorge Muñoz SJ se refiere al convenio firmado por Sename con la Agencia Nacional de Información (ANI)

Acabamos de saber que el ministerio de Justicia pidió al Servicio Nacional de Menores (Sename) dejar sin efecto el convenio firmado con la Agencia Nacional de Información (ANI). Es una muy buena noticia, puesto que ese convenio vulneraba los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Como sociedad debemos aspirar a que cada NNA pueda desarrollarse en un entorno familiar y social basado en el buen trato haciendo que los padres nutran de afecto, cuidados y estimulación.

Por otro lado, se les debe aportar educación, potenciando así aquellos factores que contribuyen a una socialización sana, y promoción de la resiliencia.

Sabemos que hay una cantidad no menor de NNA que no cuentan con la ayuda directa de sus padres. En este caso es el Estado, a través de la red Sename, quien debe velar por su protección integral.

Desde esta premisa, creo que el convenio firmado entre el Sename y la ANI ponía en tensión el rol del Estado como principal garante de los derechos de NNA, primero porque era una medida que por su naturaleza podía significar la discriminación y estigmatización de ésta.

Segundo, porque en la misma Convención de Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Estado de Chile en 1990, en su artículo 16, les reconoce el derecho a la protección de su intimidad, algo en lo que este convenio tomaba la dirección contraria. 

Esto es sumamente delicado, pues en este convenio - aunque ya no tenga efecto - se puede leer que los NNA del Sename son vistos bajo el paradigma de la peligrosidad, ya que, consistía en facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Sename, la que se considera relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI.

Surgía, entonces, la interrogante de cómo se aseguraría que la información entregada sería bien utilizada, dado que la mirada que ha tenido el gobierno es desde lo punitivo.

Si bien se ha corregido en parte el actuar, con lo anterior, pienso que el Estado está infringiendo su rol como garante y protector de los derechos de los NNA, pues el traspaso de información a la ANI quebrantaba la privacidad de los niños y niñas, siendo que además hacía un vínculo directo con la criminalización, generando una discriminación instantánea.

Comprendiendo el espíritu de la CDN, que es el garantizar el desarrollo pleno de NNA, creo necesario desalentar las iniciativas de las instituciones del Estado que pongan en conflicto la posibilidad de cumplir con su rol de principal garante.

Cuando veamos que eso no ocurre, es toda la sociedad civil la que está llamada a cumplir su propio rol de garante exigiendo al Estado tomar medidas que protejan los derechos de la niñez, lo que incluye incluso las quejas en los mecanismos internacionales pertinentes. Fue justamente la reacción suscitada por distintos actores, lo que finalmente desencadenó la decisión del ministerio de Justicia.

Sin embargo, es bueno traer a colación que en estos más de 30 años desde la ratificación de la CDN no hemos sido capaces de superar los viejos paradigmas que niegan la dignidad de la niñez, puesto que en el imaginario social se sigue pensando o actuando desde la idea de que, tras cada niña, cada niño y juventud que viven en contextos populares o empobrecidos hay un potencial delincuente que atentará contra la seguridad de la ciudadanía si no es intervenida tempranamente.

Para superar el paradigma de la peligrosidad debemos pensar que cada niña, cada niño que crece en contextos adversos debe tener las mismas oportunidades de desarrollo de quienes crecen en contextos más privilegiados, y que la condición de pobreza no es un determinante de potencial de peligrosidad como lo podía sugerir el convenio entre Sename y ANI.

Acá hay un punto muy importante, pues este es un paradigma que no sólo está presente en las intervenciones del Estado, lo podemos reconocer en las prácticas más cotidianas.

Por ejemplo, cuando se justifica, en un contexto determinado, un taller de teatro para que las niñas y niños no caigan en el flagelo de la droga, sin considerar que ellas y ellos tienen derecho a la cultura como cualquier otro ciudadano. No pensemos que la no vigencia de este convenio signifique que hemos aprendido a pensar de modo distinto. Ojalá así fuera.

Desde la Vicaría Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santiago, donde hace décadas promovemos los derechos de la niñez desde iniciativas como Colonias Urbanas y erradicación del Trabajo Infantil, nos ponemos a disposición para buscar los caminos más adecuados que puedan aportar a la construcción una sociedad más justa para la niñez, las juventudes y sus familias.

Ofrecemos una acción desde un enfoque sistémico y comunitario, basado en el Pensamiento Social de la Iglesia y la perspectiva de Derechos Humanos, poniendo en el centro la dignidad de la persona humana, especialmente aquellos excluidos y vulnerados.                 

 

Jorge Muñoz Arévalo SJ 

 


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