Constitución, familia y privación de libertad

 
Resulta un lugar común decir que estamos en un momento histórico clave en la conformación del futuro de la nación. La Constitución es la carta máxima del ordenamiento jurídico, estableciendo el radio de actuación del Estado sobre los individuos habitantes de su jurisdicción. Cualquier reglamentación, legislación o incluso mera acción debe enmarcarse en lo dictado por la Constitución, de lo contrario no tendría validez ni sostenibilidad. En materia carcelaria esta es fundamental, por cuando todas las detenciones y procedimientos penales se enmarcarán en sus alcances.  Establecer un cambio de Constitución que permita dar cabida a las demandas sociales, es por tanto una oportunidad real de mandatar garantías de derechos humanos que hasta el momento no están plenamente garantizados. 

Es cierto que, en materia de Tratados y Acuerdos Internaciones, han existido avances paulatinos en el reconocimiento de los derechos y garantías que tienen las personas encarceladas, sobre todo en lo referido a las condiciones mínimas para resguardar su seguridad e integridad. Pero en la práctica, y al no ser tratados vinculantes, estos sólo se aplicarán en la medida que cada Estado disponga de posibilidades legales y materiales. Frente a este escenario, resulta fundamental seguir avanzando en políticas públicas que visibilicen las necesidades especiales que tienen los encarcelados, la misma ONU ha reconocido que el encarcelamiento es un momento de extrema vulnerabilidad y sujeción a sufrir torturas y tratos degradantes, el Papa Francisco a su vez, ha ratificado la especial atención que requieren todos quienes están encarcelados y el rol esencial que tiene y ha tenido la iglesia en acompañar procesos efectivos de reconversión y esperanza, tanto para ellos como para sus familias. 

Como cristiana y trabajadora e investigadora abocada a la cárcel, hago aquí el llamado a unir nuestros esfuerzos pastorales en seguir aportando a la construcción de condiciones más dignas para quienes representan el rostro de Cristo abandonado y preso. Creo que no lograremos el Reino, ni tampoco una nación plena en sus derechos mientras los privados de libertad sigan siendo olvidados y segregados. Es menester, por tanto, incorporar sus percepciones, inquietudes y necesidades en este proceso, el cual puede ser la única forma de asegurar condiciones de vida más dignas para todos y todas.